En el marco de las conmemoraciones por el primer medio siglo transcurrido desde el golpe “cívico-militar” de 1976, la nueva edición definitiva de Almirante Cero, la “biografía no autorizada de Emilio Eduardo Massera”, es otra oportunidad para volver al libro en el que Claudio Uriarte, con un instrumental intelectual todavía muy capaz de dejar atrás a los del mero periodista o el investigador, cristalizó una mirada sobre el sentido ideológico profundo del Proceso de Reorganización Nacional y, en especial, sobre su inexorable deriva hacia la nueva democracia argentina, demasiado crítica o, sencillamente, incómoda para 1992, cuando Almirante Cero se editó por primera vez, e incluso para 2012, cuando tuvo su segunda edición. ¿Valdrá la pena preguntarse, entonces, qué problemas de conciencia política toca este libro en 2026, cuando el coro social se divide entre quienes se persuaden a sí mismos de que “la libertad avanza” y quienes se persuaden a sí mismos de que “gobierna la crueldad”?

La vigencia de las paradojas marcadas por Uriarte en la psiquis nacional es asunto de lo que sigue, aunque como preámbulo podría decirse que, en un determinado sentido, el hecho de que el aniversario del último golpe aún oscile en sí mismo ―esta vez en el particular formato de un feriado extra large― bajo las formas ambiguas de la “conmemoración”, el “festejo”, la “memoria” u otra simple ocasión más para el consumo y el turismo preanuncia la rispidez de un inconsciente colectivo todavía inquieto, de igual modo que podría decirse que, en otro determinado sentido opuesto, la inclusión, ya casi estandarizada, de la partícula “cívico” en la fórmula “golpe cívico-militar” ―y ya no más “golpe militar”, como solía decirse hasta hace poco―, es otro signo de lo mismo. En tal caso, como escribe Uriarte al describir la atmósfera psicopolítica previa a 1976, un clima hostil y en permanente suspenso donde se imponía, ya fuera por fuerzas civiles o fuerzas militares, el rumbo unívoco hacia una “revolución”, en Argentina “la democracia parlamentaria no se consideraba una manera viable ni deseable de actividad histórica y política”.

A partir de esta premisa, ¿no fue al cumplir 18 años, en 2001, cuando la democracia del postproceso tuvo una severa primera crisis de adultez muy sintomática de este trauma de origen? Y al cumplir 40 e ingresar en la plena madurez, ¿la presidencia de Javier Milei acaso no ayudó a desnudar, con la enfática colaboración de un progresismo comprensiblemente dolido, otro síntoma irresuelto detrás de la inflacionaria acusación de “fascismo”? No obstante, sabemos que es el arco completo de la clase política a lo largo de sus respectivas temporadas en el poder, desde 1983 hasta hoy, el que al maniobrar entre las turbulencias naturales de la democracia parlamentaria recurre, como si fuera una alarma colectiva del fantasma reprimido ―y, en la práctica, inviable―, a la paranoia del inminente “golpe”, la permanente “desestabilización” o el aterrador “helicóptero”, entre un largo y colorido etcétera de espectros agazapados para ahogar otra vez a la democracia. Ahora bien, ¿no hay en el libro de Uriarte excelentes pistas para dilucidar el motivo de tales mecanismos ideológicos y finalmente entender por qué a cincuenta años de su reinauguración hay tantas caras largas ―abúlicas, desinteresadas, impasibles, ausentes― en “la fiesta de la democracia”?

Massera no explica el Proceso: el Proceso explica a Massera

Una idea extendida es que, tres décadas después de la aparición de Almirante Cero, estas cuestiones resultan más significativas ―o “más definitivas”― que la propia biografía de Massera, un personaje sin dudas singular y problemático cuya aura siniestra se mezcló con cierto romanticismo perverso y cuya rebeldía y desobediencia a la ley terminaron, primero, por aplastarlo en lo personal y en lo político y, por último, borraron cualquier gravitación duradera de su figura en la gran historia argentina. En fin, un personaje al que muy pronto todos tendrán que googlear para saber quién fue, a pesar de que Graciela Alfano, “uno de los affaires más renombrados del almirante”, como escribió Uriarte, siga en la televisión hablando sobre sus relaciones sexuales con otros hombres poderosos de turno, aunque todavía con una ligera amnesia en el caso del almirante.

A grandes rasgos, la existencia de Massera podría reducirse al hecho ―bien documentado, bien narrado e históricamente indiscutible― de que fue el más ambicioso y avispado ―además de uno de los mayores criminales― de una generación de militares que en la Argentina prerrevolucionaria de 1972-1975 había terminado por autoidentificarse con el Estado y con la clase dominante, en oposición a los izquierdistas y peronistas que se veían a sí mismos como la vanguardia de unas masas movilizadas pero sin dirección. A propósito de esto, Uriarte establece, casi al paso, un punto significativo para entender el drástico reacomodamiento de la actividad política y de la dinámica y la naturaleza de las fuerzas sociales que ocurriría poco después: “El Ejército Revolucionario del Pueblo hizo una práctica usual del robo de camiones de leche y su reparto entre los pobladores de las villas miseria. El procedimiento aproximaba simpatías pero distanciaba en la práctica. Los trabajadores estaban de un lado y los guerrilleros del otro”.

En este escenario, la licuación de la clase política tradicional parecía terminal, y todas las capas de la sociedad civil colocaron la atención, a velocidades distintas pero con intereses concluyentes, en las Fuerzas Armadas. Respecto a esto, Almirante Cero incluye una más entre las infinitas actas de defunción del peronismo al subrayar que en 1975, con el nombramiento de Celestino Rodrigo como ministro de Economía, “se constituyó el punto de ruptura del gobierno de Isabel Perón con el poder sindical”, “el primer enfrentamiento masivo de los trabajadores con el peronismo” y “el principio del fin del peronismo y de la disolución en lucha de clases de la vieja alianza de clases”, lo cual se puede ver, en retrospectiva, como “el acto que abrió el curso del futuro golpe militar”. Por una vía u otra, para Uriarte se podría decir que la acción de la guerrilla fue el casus belli del Proceso, pero el Proceso en sí era “resultado de una necesidad profunda de reestructurar la sociedad argentina para superar las condiciones de una situación de crisis política permanente”. Entremezcladas con este diagnóstico, por supuesto, hay vidas destruidas para siempre, frustraciones generacionales irreparables y pactos miserables de todo tipo, pero Uriarte es claro al advertir acerca del error de “confundir fetichísticamente el poder con los atributos de los hechos armados”. De ahí que si lo esencial del Proceso fue una determinada política y lo instrumental fueron sus crímenes, el juicio a las Juntas Militares, primer paso de la nueva democracia postproceso, haya omitido cualquier referencia al modelo de país que ellas habían construido, “porque el juicio mismo era resultado paradójico de ese modelo de país”.

La tortura no solo eliminó enemigos: fabricó ciudadanos obedientes

Desde ya, en 2026 estas ideas circulan con menos obstáculos intelectuales o reparos históricos que en 1992 y muchas pueden resultar, incluso, un lugar común. Sin embargo, Uriarte las formuló antes y mejor. Por eso su análisis del funcionamiento de los Grupos de Tareas dirigidos por Massera en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, por ejemplo, es mucho más inteligente que informativo: después del secuestro y la tortura, los detenidos que no eran asesinados ―o “trasladados”― se volvían “material utilizable para los proyectos políticos del almirante”, a partir de lo cual las siguientes torturas apuntaban a convertir al detenido primero en un colaborador y, finalmente, en un nuevo represor. Con esta descripción de la dinámica concreta de la represión sistemática, Uriarte explica de qué se trataba “la guerra por el alma de los hombres” y también de qué forma el terror saldó a gran escala la “crisis de representación” que asolaba al país. La metonimia es clara: así como se transformaba a través de una fuerza disciplinadora traumática al subversivo en un colaborador integrado al sistema, también se transformaba al país en estado prerrevolucionario en una democracia parlamentaria liberal. Y es este análisis el que convierte al protagonista de la biografía en poco más que una anécdota posible entre otras tantas.

Uriarte lo sabe y por eso contrasta la olvidable caída personal de Massera en el tablero del poder de su época ―una caída en la que conviven “crímenes privados” como el asesinato de Fernando Branca, un estafador casado con una de sus amantes, Martha McCormack, con una larga lista de “crímenes públicos”― con las nuevas, amplias y sin duda actuales reglas del poder. Dice Uriarte: “El excomandante no había tomado conciencia de uno de los principales cambios que él había contribuido a producir en la mesa de torturas del Proceso: el desarme popular, la destrucción de las estructuras de poder populista y el establecimiento de un fuerte código de represividad interna en la conciencia de los argentinos, que habían pasado de militantes a ciudadanos, y de querer cambiar la historia a simplemente querer votar”. En síntesis, el orden democrático (neo)liberal en el que, más allá de las intenciones teóricas de Ernesto Laclau o el voluntarismo de mis amigos más progresistas y su cantinela sobre la incapacidad de imaginar un futuro distinto, seguimos parados, a veces con mayor o menor acceso al crédito y al endeudamiento, y en general atados a un largo plan de ajuste y contracción de los mercados. De cualquier manera, tal como se lee en Almirante Cero, el triunfo ideológico del orden fue total. ¿Hubo entonces algún verdadero castigo a Massera, además de una lábil cadena perpetua? Según Uriarte, lo hubo. Primero, su débil posición al inicio de la cadena trófica de quienes “en la Argentina poscontrarrevolucionaria de Alfonsín y Strassera devoraban a los comandantes que habían construido el país pos-Proceso”, y segundo, el indulto de Carlos Menem, que lo despojó junto a otros militares y guerrilleros de cualquier misterio y lo redujo a ser otro hombre auténticamente solo y anónimo “en la prisión perpetua de su propia historia”, un “involuntario y terrible castigo simbólico”.

Acerca del total triunfo ideológico del orden podrían decirse muchas cosas, aunque tal vez baste recordar quiénes son, desde los años ochenta e incluso ahora, quienes suelen presentarse en público como paradigmas de una voz “rebelde” o “transgresora” ―aunque nunca tanto como para perder su debido puesto en el establishment― para comprender la auténtica magnitud de la paradoja. Pero si uno prefiere no pensar en personajes políticos o mediáticos, quizás se pueda pensar en el acotado bioma cultural. En lo que a mí respecta, jamás conocí a nadie que elogiara la importancia del “pensamiento crítico” o “independiente” que no tuviera una oscura alma de censor y viviera agazapado a la espera de decretar alguna prohibición. Ante todo, el triunfal sentido unívoco del orden y sus gerentes vocacionales. Aunque, quién sabe, quizás esté exagerando un poco. Lo seguro es que otros libros al estilo de Almirante Cero resultan, hasta hoy, inimaginables, y no solo porque las “investigaciones periodísticas” se hagan a las apuradas o con escaso interés, sino porque casi todo ―pero no todo, desde ya― lo que se escribe sobre la “realidad urgente” y sus “grandes personajes” muestra evidentes signos de anorexia nerviosa y una marcada resignación a no pensar: pocas páginas y nada que decir. Sobre la paradoja de lo pensable y lo impensable, en cambio, Uriarte también fue agudo al cuestionar el pasaje fundamental del lenguaje de la lucha de clases al lenguaje de los meros derechos humanos, un asunto que con el correr de los años, y al menos hasta la llegada de Milei, se convirtió poco menos que en el catecismo oficial alrededor de la memoria histórica y políticamente correcta del Proceso.

Los derechos humanos y los 30.000 desaparecidos: formas elegantes de cerrar una derrota

Como jefe de un Estado que debía terminar de desintegrar a las grandes corporaciones de poder que habían empañado en el pasado la transparencia de las leyes del mercado de la democracia política, Raúl Alfonsín ―al que Uriarte recuerda también en su rol de lejano cadete militar y amigo del general Albano Harguindeguy, ministro del Interior del Proceso― fue el principal publicista de unos derechos humanos cuya importancia era suturar ese punto ciego en el que se juzgaba a los ejecutores del Proceso pero no a los procesistas y a los jefes militares pero no a sus beneficiarios económicos y políticos directos e indirectos. “Un Nüremberg en regla habría requerido el triunfo del bando enemigo, pero en la Argentina el único triunfo contra los militares lo había obtenido Gran Bretaña. Por eso, el único juicio posible era el que las clases dominantes argentinas podían permitir: el que se hacía a una corporación que había permanecido en el poder mucho más tiempo de aquel por el cual había sido bienvenida, y cuyo independentismo y pretensión de protagonismo habían puesto a la Argentina al borde de saltar del mapa con respecto a su pertenencia geopolítica a Occidente”. Los objetivos cumplidos no se objetarían, pero los procedimientos para lograrlos sí. Y los derechos humanos, por lo tanto, fueron el nuevo nombre de la derrota militar de la guerrilla: la reconversión definitiva del antiguo combatiente en ciudadano, del antiguo obrero o estudiante en votante, y de todos ellos, ahora juntos como flamante cuerpo social, en meros seres humanos.

Que “la humanidad” hipotéticamente universal de los derechos humanos es una farsa acomodaticia de naturaleza política ―un constructo, en lenguaje técnico― lo había apuntado bajo circunstancias muy distintas y varias décadas antes Hannah Arendt, pero hoy es más simple que ayer notar que, por eso mismo, nada impide que el mismo Estado que reconoce los derechos humanos en su propio territorio, por ejemplo, los niegue incluso en un territorio bajo el interés de un país aliado ―es lo que los Estados Unidos o la Argentina hacen al permanecer ciegos, sordos y mudos frente al genocidio de Israel en Palestina o el Líbano, sin ir más lejos―, aunque ya en los años del juicio a la Junta Militar, y desde un punto de vista estrictamente local, la cuestión de los derechos humanos se planteó de un modo equívoco, como si se tratara de un valor plenamente asumido y adoptado como tal por los principales protagonistas legítimos de la Argentina de la época en que las violaciones a tales derechos habían tenido lugar. Respecto a esto, escribe Uriarte, lo cierto es que los derechos humanos no habían sido “sancionados realmente como la ley de la tierra en la Argentina pre-Proceso”. Aquella frase que durante el Mundial 78 se divulgó como ironía oficial, “los argentinos somos derechos y humanos”, es un testimonio justo al respecto.

Acerca de los 30.000 desaparecidos, en todo caso, Almirante Cero recorre un laberinto de la conciencia nacional todavía irresuelto y con vaivenes cambiantes según la época. Los hechos, según Uriarte, son los siguientes: la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) llegó a computar unas 10.000 denuncias, mientras que los militares llegaban a admitir de manera privada unos 6.000 desaparecidos, de entre los cuales un 10 y un 15 por ciento habrían sido inocentes. “Sin embargo, en las denuncias de los organismos de derechos humanos apareció pronto la cifra de 30.000, como una especie de ultima ratio de lo que el régimen habría podido eliminar, y nadie pudo dar una respuesta sólida”. En otras palabras, los militares no dijeron que habían sido 6.000, y la Conadep no dijo que habían sido 10.000, de ahí que la cifra “30.000 desaparecidos” quedara inscripta a fuego en la memoria de la opinión pública nacional e internacional, “con el agregado de que la mayoría de ellos aparecía como inocente”. Más allá de la pasión aritmética, el único punto es que ni las culpas para los militares ni la criminalidad sería distinta por una cifra u otra, lo que, sin embargo, no impidió que la cifra de los 30.000, “crecientemente inverificable en visión retrospectiva”, expresara “un poder ideológico de los organismos de derechos humanos que mostraba que, si entre 1976 y 1982 la ‘historia oficial’ correspondió a lo que quisieran decir los victimarios, de 1983 en adelante correspondía a lo que quisieran decir las víctimas”. El número real, aclara Uriarte, no refuerza ni atenúa la culpa de los ejecutores del Proceso, y aún si se lo estima en algún punto entre los 6.000 y los 30.000, lo que la cifra verdaderamente mide y permite pensar son las relaciones de fuerza y el grado de la tensión y enfrentamiento social en la época en que comenzó el Proceso.

El paso del tiempo hizo que las víctimas de la guerrilla también empezaran a enunciar y reivindicar con más fuerza sus propios derechos humanos ―reanimando otro debate histórico pendiente sobre las complicadas ramificaciones jurídicas de una “guerra sucia”, un “terrorismo de Estado” y una “teoría de los dos demonios”―, a la vez que el número virtualmente oficializado de los 30.000 se cristalizó como una repetición catequística en irrestricto favor de la memoria, la verdad y la justicia, con la subsiguiente paradoja, aún irresuelta, de que si, por un lado, tal catequesis impedía toda revisión real en nombre de la verdad, la memoria y la justicia de los auténticos hechos históricos ―que los militares, por supuesto, se ocuparon de ocultar―, por otro incrementaba hasta el máximo posible el efecto disciplinador de la tortura y la muerte del Proceso, y su duradera resonancia de terror social ante cualquier displicente en el nuevo orden democrático. Otro signo del total triunfo ideológico del orden. Así fue como la firme evitación de confrontar el final de la noche o ser acusado de “negacionista”  por quienes eran acusados a su vez de “victimistas” ubicó al número 30.000 en una categoría abstracta tan afirmada y validada por quienes “condenan” lo que pasó, como negada e invalidada por quienes “no lo condenan”, a pesar de que todos compartían la paradoja ―aunque se tratara de cosa juzgada― de danzar alrededor de un punto ciego sobre el que, por si fuera poco, a veces por motivos de buena o mala conciencia, por la persecución espuria de intereses comerciales, por estrategias de posicionamiento mediático y views, por ansias de figuración política o por el simple interés en la historia, se establecieron y financiaron proyectos nobles, pero también otros que no lo eran tanto. A la larga, estos terminaron de habilitar la razonable sospecha colectiva de lo que se formularía como el triste “curro de los derechos humanos”. Entre todos los casos posibles hay muchos peores y más complejos, sin duda, pero en las inmediaciones del fondo ideológico del problema al que apunta Uriarte podría recordarse, apenas por su límpida sencillez y por su juego perverso de metamorfosis, cuando Juan Cabandié, que en 2013 era diputado de La Cámpora, le dijo a una gris agente de tránsito municipal que “por ser hijo de desaparecidos” no debían secuestrarle su auto a pesar de que circulara por las calles de la provincia de Buenos Aires sin el comprobante del seguro al día, después de lo cual también amenazó con recurrir a sus contactos ―a través de Martín Insaurralde― para que a la agente en cuestión le aplicaran “un correctivo”. Ese era el escenario, con leves oscilaciones al alza y a la baja, y con algunas turbulencias mínimas durante el macrismo ―mis amigos macristas a veces omiten que en 2017 hubo un abortado intento judicial de favorecer con la reducción de condenas y la excarcelación a un puñado de represores―, hasta que en octubre de 2023, poco antes del cierre de uno de los primeros debates presidenciales, Javier Milei afirmó que “los desaparecidos fueron 8.753” y que estaba contra una “visión tuerta de la historia”, y al poco tiempo ganó con el 55.65% de los votos. Para bien o para mal, no hizo falta mucho para que quedara bastante claro que la imposible discusión por la cifra indiscutible de los 30.000 o la naturaleza selectiva de los derechos humanos del pos-Proceso se alejaba del verdadero radio de interés de una porción importante de la sociedad argentina. ¿Serán cincuenta años de historia, no más de dos generaciones suplementarias, la medida para una amnistía natural?

Why so serious? Del terror al tedio

¿La sociedad simplemente se desinteresó por su propio pasado? ¿La progresiva muerte o el ostracismo de los últimos protagonistas de los setenta apagaron la relevancia histórica de lo que pasó? ¿La falible democracia parlamentaria (neo)liberal legada por el Proceso llevó al país hacia la contemplación directa de otras urgencias más impostergables? En todo caso, es imposible saber lo que el autor de Almirante Cero diría sobre el alicaído apto físico de nuestra democracia actual ―y no por el carácter ni las psicopatías de los personajes que mejor la representan electoralmente en este instante, sino por el puro dato de que la participación electoral es cada vez menor―, aunque no sería tan extraño que señalara en términos duros e inapelables que mucho de este virtual estado de fatiga se explica a partir de las significativas “fallas de origen” analizadas en su libro, y jamás resueltas. No recuerdo que nadie le dedicara mayores comentarios a la cifra contundente de 8.753 desaparecidos pronunciada en aquel debate ―una década antes, algo así hubiera significado la indignación y el fin instantáneo de cualquier carrera política―, y si esos comentarios existieron, es evidente que no significaron nada, a pesar de que ciertos pasajes de las palabras de Milei pertenecían, de hecho, a Massera. En simultáneo, el divertido latiguillo presidencial a propósito de los “zurdos de mierda” tampoco contempla con cuidado la vieja sensibilidad pública por los derechos humanos ni el lejano eco de lo que alguna vez fue un “plan sistemático de exterminio”. De hecho, resulta gracioso.

Pero, ¿es necesario dramatizar? Milei no ganó democráticamente por lo que pensara o dijera acerca de la democracia creada por el Proceso. Al igual que Menem, ganó porque “la mayoría de la población estaba aterrorizada por la hiperinflación y clamaba a gritos cualquier solución que la sacara del pantano sin fondo en que había parecido depositaria la ineficacia del gobierno anterior”. La cita es de Almirante Cero. Y hay otra que, con solo cambiar las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios, podría aplicarse al presente todavía mejor para explicar el triunfo de Milei: “Cualquier alianza sería buena, cualquier política merecería el apoyo, cualquier sufrimiento sería soportable si se cumplía esa condición, y si bien algunas disposiciones particulares podrían carecer de un apoyo positivo, se demostraría en general que los argentinos querían creer y que estaban dispuestos a pasar por un disgusto temporario si podían llegar a la estabilidad tan ansiada”.

Dicho esto, fue la noción misma de derechos humanos, en ocasiones por los aceitados carriles de la institucionalización o los ministerios, y otras veces por la gracia de los multiformes campos de su “batalla cultural”, la que quedó completamente exhausta ante Milei. Tras un intensivo proceso de autorramificaciones que con el correr de las décadas, las épocas políticas, los climas culturales y los ciclos de consumo había creado tantas terminales distintas, a veces en franco conflicto con el sentido común, todo terminó en la particular necesidad de inventar nuevas categorías victimizantes de humanidad a las cuales continuar asignando derechos. Lo woke, como toda forma, trazó de esta manera su propia parodia y su agotamiento. Si suele decirse que Milei es “el retorno de lo reprimido”, hipótesis más atendible que cualquiera acerca de “las consecuencias psicológicas de la pandemia” o “el auge de las nuevas derechas”, lo indudable es que en Almirante Cero hay sólidos indicios para iluminar, en los términos ideológicos del caso, dónde y cómo se originaron varias de esas represiones. Por supuesto, sería en la obvia contrafigura de Victoria Villarruel, hija y sobrina de militares y fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, y hasta este momento bajo la mirada seducida de un peronismo con un nuevo certificado de defunción, donde Uriarte fijaría con cuidado su atención como síntesis actual del trauma irresuelto del pos-Proceso.

Memoria, mercado y cinismo: la literatura argentina que vende desaparecidos

El consumismo editorial alrededor del Proceso fue ―y para algunos, sin duda, siempre será― una industria tan próspera como la producción de selfies y de ambientes festivos alrededor de las honorables marchas del 24 de marzo en Plaza de Mayo. Esto es un hecho comprobable y no configura juicio alguno. Ahora bien, ¿qué significa en relación con todo lo anterior? Dicen que Fogwill dijo alguna vez que para que un editor publicara una novela argentina en España había que incluir en sus páginas algún desaparecido. Y muchos lo hacen. Otro hecho comprobable. Como sea, la reedición de Almirante Cero, motivada por un aniversario clave para el viejo “boom argentino” de la literatura sobre el Proceso ―una larga y exitosa tendencia que extendió sus tentáculos comerciales hasta la literatura infantil― es una de esas luminosas excepciones a la regla ―aunque no la única― que rebasan los límites del cálculo oportunista. ¿Hay otros libros valiosos? Sin duda. ¿Es este el mejor? Si me preguntaran a mí, diría que muchos años antes, a lo largo de la saga literaria Canguros de Jorge Asís, el verdadero Balzac de los años setenta, y en particular en ciertas páginas de la novela Carne picada, hay imágenes, intuiciones e ideas que prefiguran mucho mejor y con una vivacidad superior lo mismo. Sin embargo, Almirante Cero es por su sola ambición crítica y por su rigor ensayístico para la auténtica provocación intelectual la clase de acierto editorial que ayuda a entender los olvidables desaciertos de tantos otros libros e investigaciones históricas fabricados con una ética de trabajo no distinta a la de cualquier kioskero. El motivo es claro: Uriarte trabajó con lo que casi todos los demás no sabían ni podían trabajar, señalando el complicado trauma en el cual los demás cayeron, caen y caerán sin resistencia.

Lo que uno podría preguntarse a partir de esta “edición definitiva” es cuál hubiera sido o, incluso, cuál podría llegar a ser la estrategia más correcta, sana y virtuosa para atravesar de una vez el fantasma del Proceso y empezar a solucionar, en el mejor caso, los traumas severos de nuestra democracia. Pero, desde ya, este tipo de planteos hacia un porvenir sin nubes en el horizonte es tan inútil como hipócrita, y solo sirve para las despedidas efectistas y demagógicas. Uriarte evita cualquier didactismo en este sentido, y hace bien. Y, por las dudas: la alternativa al disciplinamiento cívico derivado de la sangrienta represión militar del Proceso y la derogación abrupta del lenguaje de la lucha de clases en favor del lenguaje del mercado no es la restitución de ninguna renovable opción por la violencia armada. Nunca falta el hijo de puta alucinado que lo sugiere incluso como si fuera una alternativa en potencia, aun si es demasiado fácil verles la cara y adivinar en sus conciencias una oscura vocación de traidores y derrotados. El hecho es que no se puede, lamentablemente, arreglar nada que se haya roto en el pasado, a lo sumo se puede entender mejor qué fue lo que se rompió y terminar de una vez con las monótonas convenciones de la negación y el autoengaño. Si algo como un Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia ―feriado inamovible desde 2006― tiene alguna utilidad intelectual, debería ser para eso. Y después, claro, también para hundirse en la rentable retromanía del trauma y vender más novelas con salida al mercado español, reeditar viejas investigaciones periodísticas, soliviantar los relatos en primera persona de las primeras y las segundas generaciones de víctimas, filmar alguna otra película mediocre pero morbosa y subir decenas de sentidas horas de streaming a YouTube. Desde ya, sería falso negar y estúpido no comprender que algo de todo eso, aún en su falsedad, alivia los síntomas verdaderos.

Claudio Uriarte escribió Almirante Cero por encargo años después de haber trabajado para el propio Massera en el diario Convicción, un pasquín propagandístico al servicio del almirante dirigido por el sirviente que le escribía sus discursos y mediante el cual trazó sus internas con el general Videla y con el ministro Martínez de Hoz. Al leer los apuntes dispersos sobre su biografía es obvio que, contemplado con mayor o menor simpatía, Uriarte era más sofisticado, culto e inteligente que el común de los periodistas, y que la conciencia de esta enorme desventaja laboral, subordinada primero a las órdenes de un marino psicópata apodado “Negro” que soñaba con heredar la astucia política de Juan Domingo Perón una vez que el Proceso concluyera, y después vendida a otros jefes quizás más mediocres, lo resintió primero con su origen ideológico de izquierda ―por lo que décadas más tarde se volvió de derecha, si eso significa algo para el empleado de un diario cuya línea fijan sus dueños―, después lo resintió con la epistemología del periodismo ―demasiado consciente del carácter lacayo y obsecuente del oficio y de la genuflexión cotidiana de quienes lo ejercen, como sabe cualquiera que haya pisado cinco minutos una redacción― y finalmente lo resintió con la vida en un sentido amplio. Como otros con rasgos similares en el ambiente de la fabricación y venta de información, fue generoso y amigable con aquellos en quienes detectó signos de inteligencia auténtica, y parco con los demás. Es lo que se deduce de lo que han escrito quienes más lo trataron. Convicción no dejó otra cosa que una lista huidiza de periodistas obligados a dar, durante años, explicaciones a otros mercenarios que, desde ya, no habrían dudado en venderse por menos a proyectos peores. Dramas de la supervivencia bajo el Cuarto Poder que ChatGPT todavía no podía resolver. No, no pudo haber sido fácil. A Uriarte lo mató una caída y Almirante Cero, encargado por otro exredactor de Convicción, Alejandro Horowitz, fue lo único que publicó. No es poco. Es fácil imaginar que, al mirar a Massera de cerca, Uriarte entendió mejor que cualquiera de sus colegas que donde crece el peligro germina también lo que salva. Este es el mensaje de su libro. ///// DB